Las preguntas planteadas en el referéndum y consulta popular convocadas para el 21 de abril próximo, persiguen un fin legítimo, por lo que apoyamos un sí en cada una de ellas. 

Ecuador requiere un marco jurídico que facilite la participación coordinada entre los agentes de la fuerza pública, para hacer efectiva la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.

Es positivo que se permita el mecanismo del arbitraje internacional como garantía para que la inversión extranjera cuente con seguridad jurídica, condición indispensable para convertir al país en un destino atractivo de inversiones, promoviendo así la generación de empleo y el bienestar general.

Los contratos de trabajo deben facilitarse, no obstaculizarse. Actualmente, el 70% de la población económicamente activa no tiene empleo adecuado. La modalidad de contratación por horas y el contrato a plazo fijo abren nuevas oportunidades de oferta laboral, respetando los derechos de los trabajadores y todos los beneficios de ley, sin que exista regresión de derechos.

Vivimos tiempos complejos. Es momento de pensar en el país y estar todos unidos por la seguridad, la inversión y el empleo.