El Gobierno está planeando una reforma arancelaria que eliminaría los beneficios actuales para ciertos vehículos híbridos, argumentando que estos modelos no ofrecen el ahorro de combustible esperado, ni contribuyen significativamente a los objetivos ambientales. No obstante, esta medida, que se aleja de los principios del libre comercio, parece estar más orientado al proteccionismo, a incrementar la recaudación y termina afectando al medio ambiente.
Es un error aumentar impuestos a los híbridos ligeros. Actualmente, en el Ecuador estos vehículos están exentos del ICE y están gravados con menos aranceles que los vehículos tradicionales de combustión (gasolina o diésel). La reforma que plantea realizar el Gobierno Nacional propone redefinir qué se considera como «vehículo híbrido», desconociendo criterios internacionales, así como la concepción general de los mismos. Con este cambio, algunos vehículos híbridos pagarían un arancel del 40%, aumentando su costo en aproximadamente un 35%. Así, un vehículo que hoy se vende en menos de $26.000 terminaría costando $35,000 aproximadamente.
Encarecer a híbridos ligeros va en contra el medio ambiente. La imposición de aranceles a los híbridos ligeros contraviene las metas ambientales del país. Actualmente, el 99% del parque automotor en Ecuador está compuesto por vehículos que funcionan con combustibles fósiles, mientras que solo el 1% son híbridos. Si realmente se busca un entorno más sostenible, que la transición tenga como paso intermedio a los híbridos ligeros sería positivo. Los vehículos híbridos reducen el consumo de gasolina entre un 15% a 49% comparado con un vehículo tradicional a combustión.
Los híbridos son híbridos. Los vehículos híbridos, de acuerdo con Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (la resolución M.R.2 sobre definiciones de sistemas de propulsión), son aquellos que cuentan con, al menos, un motor o generador eléctrico que, parcial o continuamente, contribuya a la propulsión mecánica del vehículo. Estos criterios, fueron adoptados por el Ecuador en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2656 “CLASIFICACIÓN VEHICULAR”. El interés estatal de buscar establecer subclasificaciones dentro de un concepto internacionalmente reconocido resulta altamente perjudicial y atenta contra la seguridad jurídica.
¿Por qué los vehículos son tan caros en el Ecuador? En Ecuador, la importación y venta de vehículos está sujeta al pago de siete tributos, que en conjunto representan entre el 40% (para vehículos de gama baja) y el 111% (para vehículos de gama alta) del valor de importación. Estos incluyen el Impuesto a la Salida de Divisas (5%), el Fondo de Desarrollo para la Infancia (0.5%), aranceles (40%), IVA (15%), y el Impuesto a los Consumos Especiales (que varía entre el 5% y el 35%). La CCG ya lo ha dicho: en Ecuador se pagan dos carros, pero se recibe sólo uno.
Reducir el ICE beneficiaría al consumidor. El ICE es el segundo tributo con mayor incidencia en vehículos, lo que representa una barrera para que el consumidor perciba una reducción en su precio final. El ICE es un impuesto que, en última instancia, es asumido por el consumidor final y posee, conceptualmente, finalidades extrafiscales: desincentivar el consumo, gravar bienes de lujo, entre otros. Si tenemos en cuenta la realidad ecuatoriana, no existe justificación para gravar con ICE a la generalidad de los vehículos, herramienta de trabajo y medio de desplazamiento necesario para la sociedad.
La reducción de aranceles es la vía más efectiva para dinamizar el mercado automotriz. Países como Chile y Perú han adoptado políticas agresivas de liberalización comercial, facilitando la importación de vehículos y convirtiendo sus mercados en los más competitivos de la región. Chile, por ejemplo, ha reducido sus aranceles promedio para vehículos en alrededor del 6%, mientras que Perú, en un lapso de 20 años, los ha disminuido del 12% al 6%. En contraste, Ecuador sigue cobrando elevadas cargas en comparación con sus vecinos, lo que limita su competitividad y promueve todo tipo de abusos para gozar de exoneraciones y rebajas en la adquisición de este tipo de bienes. En un país con deficiencias en la transportación pública, ¿pueden los vehículos automotores considerarse bienes de lujo?
