La crisis energética que enfrentamos hoy pone en evidencia un cúmulo de fallos estructurales del modelo estatal en nuestro país. Mientras el mundo avanza hacia esquemas más flexibles y competitivos, nuestro enfoque sigue anclado en un modelo de alta intervención estatal, que limita la participación del sector privado en áreas clave. Este enfoque, lejos de ofrecer estabilidad, genera un ambiente de incertidumbre, con constantes cambios legislativos, cargas tributarias elevadas y políticas laborales desfasadas. En este contexto, nos preguntamos ¿cuáles son las características del modelo actual que están creando barreras al crecimiento del país?
Es chupasangre: Siempre habrá más que sacar. En los últimos 10 años, hemos presenciado 16 reformas tributarias que han creado o aumentado tributos, todo con el objetivo de cubrir el recurrente déficit fiscal. Solo en 2024, se han registrado 7 modificaciones impositivas que han resultado en la extracción de $2,983 millones del bolsillo del sector productivo. Este tipo de medidas no solo afectan a las empresas, sino que terminan repercutiendo directamente en los consumidores, que ven un encarecimiento de bienes y servicios. Además, las constantes modificaciones en la política tributaria generan un ambiente de incertidumbre para las inversiones, donde los empresarios no pueden proyectar a largo plazo por la falta de una estructura fiscal estable. Al final, el efecto combinado de la alta carga tributaria y la incertidumbre fiscal termina debilitando la competitividad del país frente a otros mercados más atractivos y predecibles.
Es rígido: Anclados al pasado, mientras el mundo avanza. En un mundo dinámico y en constante evolución, un modelo que prioriza la rigidez laboral es un modelo que paraliza. La necesidad de impulsar la creación de empleo motiva la evolución del modelo. El cambio permitiría que el mercado incorpore nuevas formas de empleo y, además, que sea adaptable a eventos impredecibles. El modelo rígido se evidencia en las cifras de empleo adecuado que, en su punto más alto antes de la pandemia de COVID-19, llegó a 55.1%. Mientras que, después de esta, no ha logrado superar el 36.4%. Este modelo rígido, arcaico y desfasado, lejos de proteger al trabajador, termina afectando tanto a la productividad como a la competitividad del país. Mientras otros países ajustan sus marcos laborales a las nuevas realidades tecnológicas y a las necesidades de un mercado globalizado, aquí seguimos anclados en normativas que dificultan la contratación, imponen cargas a las empresas y limitan la posibilidad de emprender. Al final, los perjudicados son tanto las empresas que no pueden crecer, como los trabajadores, que cada vez tienen menos oportunidades para entrar al mercado laboral.
Es inseguro: Hoy sí, mañana no sé. Las constantes variaciones legislativas para endurecer y restringir aún más las libertades individuales afianzan la percepción de que nuestro país no es un destino atractivo para invertir. Las proyecciones económicas, la prefactibilidad financiera y sostenibilidad de las actividades económicas, dependen de una estructura jurídica estable. Sin embargo, el modelo jurídico ecuatoriano se caracteriza por una volatilidad constante: lo que ayer era permitido hoy puede ser sancionado; los incentivos que se ofrecían anteriormente, enfrentan nuevas restricciones; y las cargas tributarias que antes ya eran pesadas, pero manejables, se incrementan de manera abrupta. Ejemplos de este modelo inseguro, son las contribuciones temporales calculadas sobre ingresos de ejercicios económicos pasados, el alza del IVA vía decreto, creación de reglamentos desproporcionados del INEN, los techos para los incentivos a la inversión, techos para la generación de energía privada, entre otros.
Es caprichoso: Porque yo lo digo. Además del modelo inseguro, se suma el capricho que se materializa con la aplicación de la ley a discreción del funcionario público de turno. Esto es así porque la normativa secundaria usualmente contiene disposiciones ambiguas, imprecisas y poco claras que terminan siendo analizadas subjetivamente por la autoridad. Esto promueve un ambiente de incertidumbre, prestándose para la arbitrariedad y, potencialmente, para la corrupción. De ahí que es imprescindible la unificación de criterios para mantener estabilidad e igualdad en la aplicación de la ley.
Tras muchos años de un modelo que es chupasangre, rígido, incierto y caprichoso, es necesario cambiar de dirección hacia un modelo que impulse el crecimiento de manera efectiva y acelere el desarrollo.
