El pasado 20 de febrero el Ministerio de Economía y Finanzas envió a la Asamblea la proforma presupuestaria para el 2024. Recaudar más y estimular la economía productiva es posible. Es necesario contrarrestar el efecto negativo del alza de IVA, ISD y las contribuciones especiales.
Más gasto estatal y más impuestos distorsivos inciden en bajo crecimiento económico. Según la proforma presentada en la Asamblea, los gastos proyectados para el año 2024 alcanzarán los $35,536 millones, lo que representa un aumento de $2,841 millones con respecto al presupuesto del año anterior. Este incremento equivale al 9%. Entre las partidas que han experimentado mayores aumentos se destaca el gasto en bienes de larga duración, que ha pasado de $584 millones a $3,340 millones. Por otro lado, el gasto en personal para el año 2024 ascenderá a $9,823 millones, $70 millones más que en 2023. Para hacer frente a estos gastos, el Gobierno ha optado por aumentar impuestos como el IVA y el ISD, además de establecer contribuciones temporales empresariales. Como resultado estima que la economía crecerá apenas un 0.8% en 2024.
Proforma reduce recursos para seguridad. Uno de los objetivos de la Ley para enfrentar el Conflicto Armado Interno es financiar la falta de recursos para la seguridad producto de la ola de inseguridad. Sin embargo, la proforma muestra que los gastos de seguridad de 2024 son menores a los del 2023.
Los recursos de las reformas tributarias no están incluidos en la proforma presupuestaria. Sin embargo, es poco probable que se destinen hacia la mejora de la seguridad. La proforma contempla dos fuentes de financiamiento que difícilmente se concretarán: $1,085 millones mediante la emisión de bonos internacionales y $1,086 millones provenientes de bancos. La emisión de bonos internacionales no será factible debido a que el riesgo país supera los 1,252 puntos, haciendo inviable su emisión. Respecto a los recursos provenientes de los bancos, el Ministerio de Economía y Finanzas en la proforma indica que no están determinados. Es improbable que llegue esa fuente de financiamiento no determinada. Por consiguiente, los nuevos recursos provenientes de las recientes reformas aprobadas, que no están presupuestados, servirán para cubrir el presupuesto actual.
La proforma no contempla la eliminación de subsidios a combustibles. En 2024, el Gobierno prevé desembolsar $3,092 millones en subsidios a los combustibles, una cifra similar a los $3,200 millones de 2023. Esta suma coincide con los tributos adicionales generados por las recientes reformas fiscales. Los subsidios a los combustibles representan una carga financiera significativa y deben ser eliminados o focalizados para mejorar eliminados para mejorar nuestras finanzas.
El gasto sigue desplazando a la inversión pública. El presupuesto para obra pública es $379 millones. Cifra ligeramente menor a lo presupuestado al 2023 y que representa apenas el 1% del presupuesto. En medio de la desaceleración económica lo que más se necesita es que la inversión productiva se incremente.
La fórmula fiscal de más impuestos y más gastos debe de cambiar. La economía lleva 14 años seguidos en déficit fiscal, una situación claramente insostenible. Una vez más, se están aumentando los ingresos para cubrir el gasto excesivo, postergando el crecimiento económico. Desde la CCG proponemos tres acciones concretas: 1) Una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para que el incremento presupuestario sea en base a lo realmente ejecutado mas no a lo codificado (programado). De esa manera, se ajusta a la realidad financiera y no a la política. 2) Una reducción de aranceles como medida para impulsar la economía y aumentar la recaudación. Una forma de empezar sería eliminando los aranceles mixtos, lo que representaría un sacrificio fiscal de $100 millones. 3) Una reducción de los subsidios a los combustibles, ya sea a través de su eliminación progresiva o de una focalización más precisa. 4) Es necesario que el estado adquiera bienes y servicios a precios de mercado y tome medidas para combatir la corrupción, la cual se estima que representa un costo anual de $1,500 millones para el país. 5) Las instituciones del estado deben ejecutar medidas concretas de control sobre la informalidad y la evasión tributaria, ampliando de esa forma la base de contribuyentes.
