Actualmente, Ecuador atraviesa una grave crisis de inseguridad. En lo que va del año, en promedio, a nivel Nacional se registran 20 muertes violentas por día. Esta realidad pone a la inseguridad como la principal preocupación de los ecuatorianos. A raíz de estos eventos, el sector comercial ha aumentado de manera significativa los gastos de seguridad. Es hora de que el Gobierno tome medidas para aliviar dichos costos que presionan la competitividad del sector.
No podemos ignorar las consecuencias por más tiempo. La inseguridad le está costando mucho al país. En lo social, en el primer semestre del año, se contabilizaron 1,182 muertes violentas en Guayaquil. El equivalente a 7 muertes diarias en la ciudad. En lo económico, organismos internacionales como el BID estiman que episodios de inseguridad como el actual, podrían tener un costo de hasta 3.5% del PIB en una economía como la nuestra. En Ecuador, eso sería $4,233 millones en 2023. Como país, necesitamos a un Gobierno activo y comprometido con la seguridad.
El Gobierno debe actuar y proteger los derechos básicos de los ecuatorianos. El artículo 3 de la Constitución del Ecuador establece los deberes primordiales del Estado. Entre estos, está garantizar el derecho a una cultura de paz y la seguridad integral. El Estado nos ha fallado. Y aunque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, desde el sector privado se han emprendido múltiples gestiones para poder hacer frente a la inseguridad.
La inacción pública le está pasando factura al sector comercial. Para combatir la inseguridad, el sector comercial ha aumentado de manera significativa el gasto que se le destina a la seguridad. Como referencia, en 2022, el monto que se le dedicó a los servicios de seguridad privada totalizó los $742 millones. Este es el monto más alto registrado para este rubro desde que hay información histórica. Desde la CCG pronosticamos que para 2023 la cifra será de $816 millones. Es decir, crecerá 10% adicional. En este sentido, es importante que el Gobierno tome medidas para aliviar los costos imprevistos que presionan la competitividad del sector comercial.
Gobierno debe aumentar la deducibilidad de los gastos en seguridad. En este de contexto de mayor inseguridad y de un aumento en los costos que se le dedica a la seguridad, desde la CCG requerimos que el Gobierno duplique la deducibilidad de los gastos en seguridad. Esto es un pequeño costo para el Estado pero un gran beneficio para el sector privado. Para dimensionar, todas las ventas que generan los servicios de seguridad apenas representan el 0.01% de la recaudación anual del Gobierno.
Hace algunos meses, entre los diferentes gremios que conformamos el Comité Empresarial Ecuatoriano, presidido por esta Cámara, presentamos un proyecto en este sentido al Ministerio de Producción y al Ministerio de Gobierno, como parte del trabajo de la mesa de seguridad establecida por el Gobierno Nacional, pero lamentablemente no ha recibido la atención necesaria.
