El artículo 328 de la Constitución establece que el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico. Para establecer el Salario Básico Unificado (SBU) del 2025, se reúnen los representantes de empleadores, trabajadores y Ministerio del Trabajo que integran el Consejo Nacional de Trabajo y Salario. La economía se vería afectada si una vez más el salario se fija a niveles que no responden a las condiciones económicas.
El entorno económico actual no respalda un incremento del salario básico. El 2024 ha sido un año de triple crisis. Apagones, inseguridad y contracción económica. Se estima que las ventas locales decrecerán en 1.6%. Además, teniendo en cuenta los efectos de los apagones, se proyecta una caída del 1% en el PIB. Las empresas no soportan mayores costos cuando sus ingresos se han reducido. El 2025 es un año clave si queremos impulsar la recuperación de la economía.
Un salario básico alto es una barrera para el empleo. Actualmente los empleadores deben pagar un 37% adicional al SBU a sus trabajadores. Esto para cubrir beneficios como aportes al IESS y décimos. Por ejemplo, aunque en 2024 el salario básico es de $460, el costo real para el empleador es de $630 mensuales. Tener un SBU alto afecta especialmente a micro y pequeñas empresas desincentivando realizar nuevas contrataciones. Además, en sectores con márgenes bajos, como la agricultura, los costos laborales elevados limitan la formalización del empleo y empujan a los trabajadores hacia la informalidad. Como resultado, mientras el salario básico aumenta año tras año, 55% de los trabajadores siguen perteneciendo al sector informal. Aumentar el salario básico no es la vía para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Se necesitan políticas que vuelvan versátil la contratación, que abran la puerta a la inversión y procuren el crecimiento económico.
Igualar el SBU al costo de la canasta vital no es la solución. Representantes de los trabajadores proponen un aumento de $104.04 para este año. Esto con la finalidad de que el salario básico iguale el costo de la canasta vital. En realidad, cerrar la brecha entre ambos no es tan simple. Un incremento injustificado y antitécnico provocará que aumenten los costos de las empresas, lo que a su vez provocaría un aumento de precios. Como resultado, el costo de la canasta subiría y la brecha no se cerrará. Los consumidores terminarán siendo afectados.
La baja productividad no respalda el incremento del salario básico. El SBU debería ajustarse en función de la productividad laboral, pero esta no ha avanzado al mismo ritmo. Desde el 2007, el salario básico ha aumentado un 165%, mientras que la productividad apenas creció un 4%. Para este año, según la Organización Internacional del Trabajo, la productividad disminuirá en 0.2%.
Los aumentos previos ya compensan la inflación futura. Según el artículo 118 del Código de Trabajo, el SBU se fija con base en el Índice de Precios al Consumidor si no hay consenso en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Sin embargo, en los últimos 13 años, los incrementos del SBU (165%) han superado ampliamente el aumento acumulado de los precios (52%). Por lo tanto, para que el salario crezca de manera sostenible, es imprescindible que primero aumenten la productividad y la competitividad.
De no alcanzar un consenso en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el ajuste del salario básico deberá limitarse estrictamente a lo que establece la Ley, tomando en cuenta la inflación, que este año es del 1.51%. Esto implicaría un aumento de $6.95.
