El colectivo Yasunidos logró que, después de 10 años, los ecuatorianos sean convocados a una consulta popular en la que decidirán si se continúa o no explotando las reservas de petróleo del bloque 43 del Yasuní ITT. La consulta se dará el próximo 20 de agosto del 2023.

Un dilema multimillonario y de múltiples repercusiones. Esta consulta tiene el potencial de modificar el futuro económico del Ecuador. Actualmente, esta zona produce alrededor de 55 mil barriles de petróleo diarios. Este total es el equivalente al 14% de la producción total del Ecuador. En términos monetarios, durante el 2022, el bloque generó utilidades de $1,250 millones. Según Petroecuador, el bloque generaría utilidades de $8,000 millones en los próximos años. Además, existen reservas valoradas en $30,000 millones que están pendientes de aprobación. En otras palabras, Ecuador enfrenta una decisión crucial que afectaría la sostenibilidad fiscal. Además, menores ingresos petroleros limitarían la capacidad de sostener, peor aumentar, el rubro que se le destina a la inversión de obra pública.    

Siguientes gobiernos con menores ingresos. En caso de que los ecuatorianos decidan mantener el petróleo del bloque 43 bajo suelo, el siguiente Gobierno enfrentará desafíos fiscales significativos. Por un lado, habrá una disminución en la producción petrolera debido a esta decisión, agravada por la tendencia a la baja en los precios del petróleo. Esto resultará en una caída aproximada de $1,200 millones en ingresos petroleros. Por otro lado, la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 2% y el fin de la contribución patrimonial también impactarán en la recaudación tributaria. Además, la posible reforma del Impuesto a la Renta que está a la espera de aprobación de la Corte Constitucional podría afectar aún más las finanzas del país.

El gasto público continuará aumentando. La Constitución establece incrementos anuales del 0.5% del PIB para el presupuesto asignado a la Salud y a Educación. Además, Ecuador tendrá que hacer frente a pagos considerables por amortizaciones y servicio de la deuda pública en los próximos años. NO es posible tener menos ingresos y mayores gastos al mismo tiempo. Si se reduce uno, habrá que reducir el otro. La coherencia tiene que prevalecer.

La medicina podría ser peor que la enfermedad. En este contexto, vemos con preocupación que se proponga aumentar los impuestos para compensar y cubrir el gasto. Lo que necesita el país es menos carga tributaria. Ecuador es la segunda economía de América del Sur que más le ha costado crecer desde la pandemia. Entre 2019 y 2023, nuestro PIB apenas ha crecido 1.9%.

La sostenibilidad es importante, pero no ignoremos las consecuencias. De ser aprobada la consulta, la Corte Constitucional da 1 año para que el Estado cierre los campos petrolíferos en producción. No podemos obviar el costo económico y social que tendría esta decisión. Detener 14% de la producción petrolera y dejar de percibir $1,200 millones anuales será un duro golpe a la economía. Desde la CCG creemos que no se debe prohibir la explotación del bloque 43. La sostenibilidad debe mantenerse de acuerdo al marco establecido en el Programa de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  Dentro de este se estipula que Ecuador debe invertir en mayores regulaciones, controles y estrategias para reducir la contaminación de agua, suelo y aire. Además, el uso de herramientas de economía circular y estrategias de economía verde permitiría un mejor cuidado de los deshechos hidrocarburíferos.