La Ley de Arbitraje y Mediación expedida en septiembre de 1997 y reformada parcialmente en el año 2015, es el marco normativo aplicable al arbitraje que permitió su impulso y consolidación como institución. Se estima necesaria una reforma que supere ciertos vacíos de la actual legislación y limite al mínimo indispensable la aplicación supletoria de las normas del Código Orgánico General de Procesos.